Dos mil veces creció la cantidad de cocaína secuestrada, según las cifras oficiales de la provincia de Santa Fe. En forma paralela, decenas y decenas de jóvenes fueron asesinadas en las barriadas de las principales ciudades de la provincia que lidera el socialismo. En estos 24 años el narcotráfico se ha metido en los distintos pliegues del Estado con complicidades en ejecutivos, con legislativos que no denuncian y con tribunales que penalizan a los perejiles. La consigna del momento narcomafias o democracia.
* por Carlos del Frade, periodista.
Norma, Gabriel y Hugo.
-Ahora yo tengo todas las cartas en las manos, le dijo el flamante jefe de La Santafesina SA, Hugo Tognoli, a Norma Castaño, en los pasillos del Ministerio de Gobierno de la ciudad capital del segundo estado argentino.
La señora, mamá de Gabriel, adicto desde hacía años, lo había denunciado por suministrar información a los narcos de su barrio y cajonear distintas averiguaciones que lograron junto a las demás mujeres con las que conformaron“Madres Solidarias”. Para ella fue una amenaza. Sintió que le decía que ahora él tenía el poder real y que podía hacerle cualquier cosa. A ella o a su hijo.
Tognoli asumió como titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Santa Fe en el año 2008, durante la administración de Hermes Binner. Dos años después su nombre ya figuraba entre los policías vinculados al narcotráfico, aquellos que protegían a los que convertían a pibes como Gabriel en consumidores consumidos.
-Lo fuimos a ver para ponerle en conocimiento de lo que estábamos haciendo y pedirle que detuviera a los vendedores barriales. Nos dijo que si, que nos fuéramos tranquilas, pero luego veíamos que cada vez vendían más y andaban en mejores autos…-repitió Norma por estos días luego de conocida la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hace centro en Tognoli como potencial beneficiado de una red de trata de personas, por un lado, y otra vinculada al narcotráfico.
-¿Cuánto querés para retirar la denuncia contra Tognoli? –fue la pregunta directa de un dealer.
“Nosotras le llevábamos denuncias de los vendedores barriales”, pero Tognoli en vez de detenerlos “les cobraba una cuota y después éramos amenazadas por los narcos porque los habíamos denunciado”, afirmó la santafesina.
-Necesito drogarme, mamá. Pero no voy a robar…-le decía Gabriel a Norma Castaño mientras lloraba abrazado a ella. Lejos del lugar, Tognoli se convertía en jefe de La Santafesina SA. Esta es la expresión individual de una trama que tiene, por un lado, un fenomenal crecimiento económico y, por otro, la cuenta negra, la sangre joven derramada en los barrios de las principales calles de las ciudades santafesinas.
Las estadísticas oficiales santafesinas sostienen, en sus primeras mediciones, que entre 1973 y 1988 el negocio de la cocaína en la provincia fue de 3 kilogramos de cocaína secuestrados en esos quince años. Una cifra absurda pero oficial. A razón de doscientos gramos por año. A mediados de 2012, la cantidad de cocaína secuestrada era de 200 kilogramos. Es decir, 200 mil gramos. En un cuarto de siglo el negocio se multiplicó por mil. No hay otra actividad económica que multiplique el dinero de tal forma.
En aquellos lejanos años setenta, la división policial encargada de combatir la droga se llamaba “Unidades Especiales”, después se llamó “Drogas Peligrosas” y hoy “Prevención y control de adicciones”.
Cuando asumió como titular de la ya citada “Drogas Peligrosas”, en 2008, se sabía que el hijo de Hugo Damián Tognoli era arquero de las divisiones inferiores del club Newell's Old Boys. Su representante era, nada menos, que Roberto “Pimpi” Caminos, el jefe de la barrabrava en tiempos de la presidencia de Eduardo López. Aquella administración recibió la imputación de lavar diez millones de dólares a través de una causa iniciada por la AFIP; el dueño de la tribuna, acusado de distribuir droga en la zona sur de Rosario y el padre del pibe, por entonces alto oficial de la llamada Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Santa Fe, terminó siendo el jefe de la misma durante la administración del socialista Antonio Bonfatti.
Después llegaron las denuncias de Norma Castaño y las Madres Solidarias.
La narcopolicía.
“Las evidencias contra el jefe policial surgieron a partir de la investigación de una red de trata de mujeres: en una escucha telefónica, el dueño de un prostíbulo le preguntó a un comisario mayor la forma de arreglar para vender cocaína; mediante un mensaje de texto, el comisario mayor Oscar Ledesma respondió que debía pagar 30 mil pesos (por mes) directo con Tognoli. En el expediente hay además otra prueba de máxima importancia: un jefe narco que estaba siendo investigado recibió la información de que lo estaba siguiendo autos desconocidos. El sospechoso logró escapar. Luego se supo que alguien había consultado en el Registro de la Propiedad Automotor por las patentes de vehículos y le informaron que pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa consulta, que requiere de un código y una clave personal, fue hecha –según consta en el expediente- a las 18.08 horas del 25 de noviembre de 2011 por el comisario Hugo Tognoli”, sostenía la información.
-Me tomó de sorpresa –dijo Raúl Lamberto, ministro de Seguridad del gobierno socialista, militante de décadas del partido de la rosa y conocedor de la historia de la provincia y la evolución de sus factores de poder. Fue una triste declaración.
El caso del comisario Tognoli, jefe de la policía del segundo Estado de la Argentina, pone en crisis institucional a los tres poderes de la república: el ejecutivo que lo nombró y que nunca quiso combatir la relación entre la policía y el narcotráfico; el legislativo donde todas las fuerzas políticas han mirado para otro lado en los últimos 30 años, que es la misma edad que cumplirá la democracia; y el increíble poder judicial que desde finales de los años noventa tiene investigaciones donde queda en evidencia que el mayor cartel de distribución de drogas en la provincia es la propia policía.
El caso más emblemático es el asesinato de Sandra Cabrera, la dirigente que logró constituir un sindicato con las trabajadoras sexuales, que denunció la corrupción policial con la que pasaron a disponibilidad al entonces oficial Walter Miranda de Moralidad Pública, hoy convertido en jefe de la policía rosarina. En cuyo expediente se ratifica que los integrantes de la provincial y la federal extorsionan a las meretrices para vender cocaína.
Que el jefe de la policía sea el jefe del mayor cartel de distribución de drogas en la provincia de Santa Fe es, de por si, una vergüenza enorme. Supera la imaginación de Francis Ford Coppola que al escribir el guión de la trilogía de “El Padrino” nunca vinculaba al jefe de policía con los mafiosos. En la realidad santafesina, si. Coppola es un simple relator de pasquines ante la dimensión del narcotráfico por estas pampas.
El problema es el lado oscuro del crecimiento patrimonial de jefes policiales, contadores, abogados, grandes empresarios y narcos; la cantidad de pibas y pibes asesinados en los últimos diez años como consecuencia de los“ajustes de cuentas” entre bandas siempre relacionadas con La Santafesina SA. Ese costo enorme de sangre joven es proporcional al silencio cómplice e hipócrita de los tres poderes del estado. Nacional y provincial.
La lucha contra el narcotráfico es la lucha contra el sistema capitalista. Esta definición es un concepto que quizás pocos compartan pero, entonces, será necesario entender otro: la inseguridad es hija directa de la corrupción policial. Es hora que las fuerzas populares se pongan de acuerdo, de mínima, en esta sugerencia. Solamente habrá futuro para nuestras hijas y nuestros hijos si hay combate contra la corrupción policial. Esa otra forma de la economía real de la cual el caso del comisario Hugo Tognoli apenas es una expresión individual.
La otra cuenta del caso Tognoli.
- Basta de excusas. Esta no es la policía que heredaron…-dijo el diputado nacional Agustín Rossi, una de las principales espadas políticas del kirchnerismo, al referirse al escándalo y posterior crisis institucional que provocó en Santa Fe, la segunda provincia del país, la renuncia de Hugo Tognoli a su cargo de jefe policial porque se lo investiga por vínculos con el narcotráfico y la trata de personas.
Por su parte, el actual ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo que “si la policía sigue funcionando bajo el sistema de cajas no tiene futuro” y ante la Legislatura confirmó que tanto Tognoli como el actual titular de La Santafesina SA, Cristian Sola, están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito.
A fines de noviembre, socialistas, radicales y peronistas de varios pelajes escenificaron una nueva hipocresía: convocaron a una reunión a los diputados nacionales y el kirchnerismo se fue porque, según dijo, no iba a estar presente la prensa.
Los chicos quieren ser narcos.
-En las escuelas las chicas de doce o trece años ya no sueñan con ser botineras. Ahora quieren ser narqueras…-cuenta la maestra Mabel Ríos como ejemplo existencial concreto de lo que sucede en el barrio con la naturalización del narcotráfico como herramienta económica pero también como identidad individual y colectiva.
Y agrega: “Un chico dibuja una imagen del barrio. En un costado, un chico triste con una pelota. Está solo. Del otro lado, un grupito de pibes contentos, con una gran sonrisa, disparan al cielo. Son los que venden merca”, describe Mabel.
Esa es la realidad que hoy parece ser olvidada por los funcionarios nacionales y provinciales, la cotidiana presencia del narcotráfico consumiéndose la vida de las pibas y los pibes en las principales ciudades de la provincia.
Por un lado, millones y millones de dólares que van a parar a pocas manos; por el otro, centenares de chicas y chicos que hoy ya no están, sangre joven derramada y hoy silenciada detrás de los números oficiales que multiplican las muertes detrás de la escasa y cómplice frase de “ajustes de cuentas”.
Es clara la responsabilidad del gobierno socialista en la selección de sus jefes, como también es notoria la construcción de los nichos corruptos dentro de La Santafesina SA del justicialismo a lo largo de sus veinticuatro años de gobierno. La serpiente apareció con la administración Bonfatti pero el huevo de la serpiente se fue alimentando y desarrollando con los restos del partido fundado por el viejo General.
Las últimas cifras oficiales dicen que hasta mediados de octubre se llevan secuestrados más de 440 kilogramos de cocaína, dos mil veces más que en 1988. Un fenomenal negocio económico que entraña no solamente la participación de narcopolicías y funcionarios del poder ejecutivo, sino también de miradas intencionalmente ciegas de parte del poder legislativo, del judicial y también del ejecutivo nacional.
Mientras tanto, en los barrios los pibes olvidan la pelota, se divierten disparando al cielo y las chicas quieren enganchar a un narco como sinónimo de progreso personal y social. La suerte individual de Tognoli no explicará la triste historia de resignaciones de los partidos mayoritarios, no solamente en Santa Fe, sino en toda la Argentina.
Federales.
En su momento critiqué que Hugo Tognoli quedara al frente de la policía santafesina. En cierta ocasión vino a verme y me dijo que necesitaba recaudar para los jefes de Santa Fe. Hay desidia, complicidad y falta de voluntad política de investigar el narcotráfico en la provincia – afirmó la conocida jueza federal, Laura Inés Cosidoy, la misma que fue ascendida cuando a principios de los años noventa había demostrado que los cheques de un narco iban a parar a las arcas de la campaña del menemismo provincial.
Los mismos años en que llegaban los asesores de la fuerza oficial norteamericana dedicada al supuesto combate contra el narcotráfico, los especialistas de la DEA, para impartir sus enseñanzas a la muchachada de La Santafesina SA. Cuando gobernaba Carlos Reutemann y su subsecretario de seguridad era un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, Enrique Alvarez.
Tiempos en que la geografía cotidiana de los santafesinos cambió dramáticamente: el ferrocarril, las grandes industrias, el perfil obrero y los puertos sobre el Paraná fueron inmolados en el altar de las privatizaciones y miles de desocupados eran devorados por el dios de la convertibilidad y el ingreso al primer mundo. Comenzó, en forma paralela, el exilio de las chicas y los chicos de las escuelas secundarias y, en los barrios de las grandes ciudades santafesinas, surgió la economía informal del narcotráfico.
El poder judicial empezaba a recoger testimonios de la relación cada vez más repetida entre narcos y policías.
El 5 de diciembre de 1996, los jueces federales Laura Inés Cosidoy, Santiago Harte y Otmar Paulucci, determinaron que un testigo e imputado por tenencia de drogas fue apremiado por la policía y que, además, la supuesta cocaína incautada en su negocio fue implantada por los agentes del orden.
Era una causa del 8 de octubre de 1984, el mismo día que se robaron los expedientes que revelaban las identidades de los represores del Segundo Cuerpo de Ejército y los aportes de las grandes empresas a favor de la desaparición de personas.
Entre aquellos policías denunciados legalmente estaban los conocidos hermanos Romero, los que después aparecerían en varios hechos señalados en las crónicas periodísticas como presuntos distribuidores de drogas.
La geografía santafesina ya comenzaba a ser otra.
Y en los tribunales provinciales comenzaba a probarse y constatarse la participación policial en los hechos de narcotráficos.
A nivel internacional, Estados Unidos había decidido la lucha final contra los carteles de Cali y Medellín. Corría el año 1987. Se abrían nuevas rutas para la exportación de droga de América hacia Europa. La mejor ruta resultó ser aquella donde se producía uno de los principales insumos para convertir la hoja de coca en cocaína, el éter. El segundo productor de éter a nivel mundial es la Argentina.
-El negocio de la droga es como un puñado de lombrices. Salen de todos lados…-confesó un ex oficial de Drogas Peligrosas de La Santafesina SA a este cronista, a fines de los años noventa en la ciudad de Santa Fe.
Por aquellos días, en pleno menemismo rubicundo, el entonces comisario de la policía federal, Oscar Alvarez, le decía a este cronista que ya se habían verificado dos exportaciones de droga hacia Europa en 1998.
-Se secuestra y se investiga solamente el 7 por ciento de los hechos – decía el comisario. Pero lo más fuerte que dijo en aquel diálogo fue que “por los puertos privados del departamento San Lorenzo entra cualquier tipo de cosa que llegan y pasan sin control alguno”, refiriéndose, obviamente, a distintas drogas.
Aquella nota salió publicada en el diario “El Ciudadano” y generó que el entonces Ministro del Interior, Carlos Corach, lo retara en un primer momento y después, lo trasladara. El narcotráfico ya tenía una entidad propia en la provincia con forma de bota y nombre religioso.
Sandra Cabrera.
En octubre de 2003, en Rosario, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Sandra Cabrera, denunció por extorsionadores a los integrantes de la entonces brigada de Moralidad Pública. Sus principales oficiales pasaron a disponibilidad. El 27 de enero de 2004, Sandra fue asesinada de un balazo en la nuca en la zona de la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno”. El principal imputado fue un policía federal, Diego Parvluckzyk, sin embargo no pudieron probar su autoría.
Lo que si quedó demostrado en el expediente tramitado en los tribunales provinciales rosarinos fue que “la línea investigativa respecto de la vinculación de Cabrera con Drogas Peligrosas de la Policía Federal, estableciéndose con certeza casi irrefutable que la occisa actuaba como "informante" de la sección, como así también su padre, que no sólo consumía sino que vendía sustancias estupefacientes (marihuana y cocaína) y que algunos "remanentes" de los procedimientos policiales realizados, le eran entregados, dentro de un contexto en donde aparecen involucrados el imputado y otros miembros de la policía federal…” Y las trabajadoras sexuales terminaban siendo vendedoras “de las drogas que le eran suministradas por el propio imputado, estableciéndose así, y al margen de algún acercamiento afectivo, una relación comercial de tipo ilegal, en la que se mueven importantes sumas de dinero, por lo que, en relación al posible móvil del asesinato, estima que sería harto probable que pudiera haber existido algún problema que degenerara en el resultado que motiva la causa, teniéndose en cuenta que se menciona la existencia de un entredicho entre ambos”, apuntaba el escrito del fiscal de entonces.
Para los integrantes de la Cámara, “la actividad de Sandra Cabrera se desplegaba en la prostitución callejera, caracterizada por sus pares como dotada de una fuerte personalidad que no desmienten las numerosas denuncias que la tienen como protagonista, entre las que se encuentran las que habrían generado conflictos con la policía provincial, al punto de motivar el alejamiento de funcionarios…La instrucción ha permitido verificar, asimismo, la existencia de denuncias de amenazas contra su vida y de testimonios que mencionan tal tipo de amenazas provenientes desde el padre de su hija hasta de otras personas en diversos contextos públicos o privados que la habrían tenido como protagonista, patentizándose su situación al punto de requerir custodia policial en su domicilio a raíz de las amenazas sufridas y dentro del contexto del conflicto con personal de la policía provincial perteneciente a Moralidad Pública...”.
Agregaban los funcionarios del poder judicial que “...la lectura de la causa permite concluir, por la existencia de una relación que involucra a Sandra Cabrera, a compañeras del ejercicio de la prostitución, a Parvluckzyk y a otros empleados de la policía federal, en un contexto en el que existe trato, relaciones íntimas de algunos con cierta permanencia, pertenencia, protección y en cuestiones vinculadas con la droga -tráfico, consumo, delación dentro de una actividad en la que no suele ser extraña una labor de inteligencia a través de informantes en el medio-“.
Es decir que en el expediente de Sandra Cabrera la justicia provincial rosarina ya señalaba que la droga que se vendía en los alrededores de la Terminal de Ómnibus era manejada y suministrada por nichos corruptos de La Santafesina SA y la Federal.
El triple crimen.
“Las barriadas populares seguimos poniendo los muertos. La narcopolicía sigue poniendo las balas. Los movimientos sociales peleamos en soledad. ¿Y el gobierno? Parálisis + inacción = Complicidad”, decía una elocuente bandera del Frente Popular Darío Santillán al recordar un nuevo mes del triple crimen de Villa Moreno, producido en las primeras horas de 2012. Jeremías “Jere” Jonatahn Trasante, tenía 17 años; Claudio “Mono” Damián Suárez, 19 años; y Adrián “Patón”Leonel Rodríguez, 21 años; fueron “masacrados a balazos” en la canchita del Deportivo Moreno, el primero de enero de 2012. El triple crimen de Villa Moreno, en el sudoeste rosarino.
“Tenían familiares, amigos, sueños, entusiasmo, proyectos. Militaban en el Frente Popular Darío Santillán. Querían cambiar un mundo que, todos los días, les cierra la puerta a tantos jóvenes como ellos. Le habían ganado una partida al abandono cuando limpiaron el basural y recuperaron la canchita del barrio… todas las semanas mueren pibes en los barrios asesinados por bandas delictivas en acuerdo con fuerzas policiales mientras el poder político mira para otro lado”, dice un excelente volante distribuido por los militantes del Frente que tenía como título una necesidad existencial: “Basta de matar pibes en los barrios”.
A casi un año de la masacre, el principal imputado, Sergio “El Quemado” Rodríguez, es el único que supera los 25 años. Los otros involucrados, Brian “Pescadito” Sprio, 23 años; Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, 21 años y Brian Damián “Damiancito” Romero, 20 años. La edad de los tres chicos asesinados y de los tres imputados grita varias referencias: menores de veinticinco años, ninguno de ellos había completado la escuela secundaria y la mayoría se ganaba la vida empatándole al fin de mes haciendo changas.
Las formas de matar son consecuencias de las formas de vivir. De las condiciones materiales y culturales en las que se desarrolla la existencia en determinados lugares.
Las cifras oficiales dicen que en el aglomerado del Gran Rosario, el 40 por ciento de la pebetada está en esta situación de vulnerabilidad, es decir 56 mil nenas o nenes menores de diez años. El mismo informe termina diciendo que “si se contrasta el 20 por ciento de los hogares con menos y con más ingresos se observa una gran diferencia, donde en el primer caso en promedio ocho de cada diez persona no tienen secundario completo mientras que en el segundo caso solo dos de cada de diez.”.
Estas cifras, sin embargo, no son hijas del presente. Son números que denuncian una histórica deformación de la geografía existencial en los barrios rosarinos.
Porque las denominadas “bandas armadas” nacieron, crecieron y se ampliaron al mismo tiempo que nadie se preocupaba por los otros saqueos que sufrían las chicas y los chicos: la ausencia de cumpleaños, de relatos infantiles, la desarticulación de la escuela secundaria, la escasez de fuentes laborales y la inexistencia de lugares para la práctica del deporte y otras actividades.
Pero el problema, una vez más, aparece en los tribunales provinciales.
“… Que la escasez de los testigos presenciales se explica por las características del hecho (sólo uno de los que fueran agredidos sobrevivió); sólo uno lo ha identificado –más allá de las dificultades que ha habido para ese indicamiento-, sin embargo, tal observación fisonómica –necesariamente limitada y siempre pasible de una confusión especialmente por las circunstancias- no puede valorarse sino es con el conjunto de pruebas –que surgen en las distintas causas- que demuestran una sucesión de vinculaciones entre distintas personas, enfrentadas violentamente a lo largo del tiempo en un reducido espacio urbano, cuyo origen indica el testigo Palavecino: "…es porque el negro Eze le mejicaneaba, es decir les roba los kioskos de los traficantes, de ahí la bronca, estoy seguro que viene de ahí". El hecho de este triple homicidio, ha de inscribirse como un efecto colateral de esos enfrentamientos, sumariamente descriptos como "ajustes de cuentas", pero que reflejan una pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano, y que en el caso concreto afectó a personas –que todos los testigos lo afirman- estaban desvinculados de los grupos en pugna, que murieron por estar en el lugar y momento equivocados…”, dice el escrito del juez Luis María Caterina del 31 de enero de 2012 al resolver el procesamiento de Sergio Gustavo Rodríguez.
El relato judicial, entonces, tiene sus principales ideas fuerzas: grupos de traficantes que se enfrentan entre si(“ajustes de cuentas”), “pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano” y ninguna responsabilidad policial ni siquiera en el aporte de las fotografías a los medios de comunicación que surgieron, justamente, de la Unidad Regional II de policía de la provincia de Santa Fe.
La matriz del sistema judicial santafesino ya definió el corralito ideológico del triple crimen: ajuste de cuentas entre traficantes de drogas sin que haya ninguna necesidad de explicar por qué surgieron ni quiénes los ayudaron a constituirse como “bandas armadas”, como las definió el propio Doctor Caterina en la entrevista concedida a la Comisión Investigadora Independiente.
En uno de los escritos de la brigada de unidades especiales se hace mención al conocimiento de un mercado ilegal de armas que tiene parte de la policía provincial y al cual se puede recurrir para obtener datos sobre las utilizadas en los hechos. De tal forma, queda claro que las “bandas armadas” no pueden crecer ni en Villa Moreno ni en ningún barrio de Rosario ni de la provincia sin la plena colaboración de integrantes de fuerzas de seguridad en actividad, como tampoco pueden crecer sin el auspicio de promotores o inversores económicos que no viven allí.
-Ahora yo tengo todas las cartas en las manos, le dijo el flamante jefe de La Santafesina SA, Hugo Tognoli, a Norma Castaño, en los pasillos del Ministerio de Gobierno de la ciudad capital del segundo estado argentino.
La señora, mamá de Gabriel, adicto desde hacía años, lo había denunciado por suministrar información a los narcos de su barrio y cajonear distintas averiguaciones que lograron junto a las demás mujeres con las que conformaron“Madres Solidarias”. Para ella fue una amenaza. Sintió que le decía que ahora él tenía el poder real y que podía hacerle cualquier cosa. A ella o a su hijo.
Tognoli asumió como titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Santa Fe en el año 2008, durante la administración de Hermes Binner. Dos años después su nombre ya figuraba entre los policías vinculados al narcotráfico, aquellos que protegían a los que convertían a pibes como Gabriel en consumidores consumidos.
-Lo fuimos a ver para ponerle en conocimiento de lo que estábamos haciendo y pedirle que detuviera a los vendedores barriales. Nos dijo que si, que nos fuéramos tranquilas, pero luego veíamos que cada vez vendían más y andaban en mejores autos…-repitió Norma por estos días luego de conocida la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hace centro en Tognoli como potencial beneficiado de una red de trata de personas, por un lado, y otra vinculada al narcotráfico.
-¿Cuánto querés para retirar la denuncia contra Tognoli? –fue la pregunta directa de un dealer.
“Nosotras le llevábamos denuncias de los vendedores barriales”, pero Tognoli en vez de detenerlos “les cobraba una cuota y después éramos amenazadas por los narcos porque los habíamos denunciado”, afirmó la santafesina.
-Necesito drogarme, mamá. Pero no voy a robar…-le decía Gabriel a Norma Castaño mientras lloraba abrazado a ella. Lejos del lugar, Tognoli se convertía en jefe de La Santafesina SA. Esta es la expresión individual de una trama que tiene, por un lado, un fenomenal crecimiento económico y, por otro, la cuenta negra, la sangre joven derramada en los barrios de las principales calles de las ciudades santafesinas.
Las estadísticas oficiales santafesinas sostienen, en sus primeras mediciones, que entre 1973 y 1988 el negocio de la cocaína en la provincia fue de 3 kilogramos de cocaína secuestrados en esos quince años. Una cifra absurda pero oficial. A razón de doscientos gramos por año. A mediados de 2012, la cantidad de cocaína secuestrada era de 200 kilogramos. Es decir, 200 mil gramos. En un cuarto de siglo el negocio se multiplicó por mil. No hay otra actividad económica que multiplique el dinero de tal forma.
En aquellos lejanos años setenta, la división policial encargada de combatir la droga se llamaba “Unidades Especiales”, después se llamó “Drogas Peligrosas” y hoy “Prevención y control de adicciones”.
Cuando asumió como titular de la ya citada “Drogas Peligrosas”, en 2008, se sabía que el hijo de Hugo Damián Tognoli era arquero de las divisiones inferiores del club Newell's Old Boys. Su representante era, nada menos, que Roberto “Pimpi” Caminos, el jefe de la barrabrava en tiempos de la presidencia de Eduardo López. Aquella administración recibió la imputación de lavar diez millones de dólares a través de una causa iniciada por la AFIP; el dueño de la tribuna, acusado de distribuir droga en la zona sur de Rosario y el padre del pibe, por entonces alto oficial de la llamada Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Santa Fe, terminó siendo el jefe de la misma durante la administración del socialista Antonio Bonfatti.
Después llegaron las denuncias de Norma Castaño y las Madres Solidarias.
La narcopolicía.
“Las evidencias contra el jefe policial surgieron a partir de la investigación de una red de trata de mujeres: en una escucha telefónica, el dueño de un prostíbulo le preguntó a un comisario mayor la forma de arreglar para vender cocaína; mediante un mensaje de texto, el comisario mayor Oscar Ledesma respondió que debía pagar 30 mil pesos (por mes) directo con Tognoli. En el expediente hay además otra prueba de máxima importancia: un jefe narco que estaba siendo investigado recibió la información de que lo estaba siguiendo autos desconocidos. El sospechoso logró escapar. Luego se supo que alguien había consultado en el Registro de la Propiedad Automotor por las patentes de vehículos y le informaron que pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa consulta, que requiere de un código y una clave personal, fue hecha –según consta en el expediente- a las 18.08 horas del 25 de noviembre de 2011 por el comisario Hugo Tognoli”, sostenía la información.
-Me tomó de sorpresa –dijo Raúl Lamberto, ministro de Seguridad del gobierno socialista, militante de décadas del partido de la rosa y conocedor de la historia de la provincia y la evolución de sus factores de poder. Fue una triste declaración.
El caso del comisario Tognoli, jefe de la policía del segundo Estado de la Argentina, pone en crisis institucional a los tres poderes de la república: el ejecutivo que lo nombró y que nunca quiso combatir la relación entre la policía y el narcotráfico; el legislativo donde todas las fuerzas políticas han mirado para otro lado en los últimos 30 años, que es la misma edad que cumplirá la democracia; y el increíble poder judicial que desde finales de los años noventa tiene investigaciones donde queda en evidencia que el mayor cartel de distribución de drogas en la provincia es la propia policía.
El caso más emblemático es el asesinato de Sandra Cabrera, la dirigente que logró constituir un sindicato con las trabajadoras sexuales, que denunció la corrupción policial con la que pasaron a disponibilidad al entonces oficial Walter Miranda de Moralidad Pública, hoy convertido en jefe de la policía rosarina. En cuyo expediente se ratifica que los integrantes de la provincial y la federal extorsionan a las meretrices para vender cocaína.
Que el jefe de la policía sea el jefe del mayor cartel de distribución de drogas en la provincia de Santa Fe es, de por si, una vergüenza enorme. Supera la imaginación de Francis Ford Coppola que al escribir el guión de la trilogía de “El Padrino” nunca vinculaba al jefe de policía con los mafiosos. En la realidad santafesina, si. Coppola es un simple relator de pasquines ante la dimensión del narcotráfico por estas pampas.
El problema es el lado oscuro del crecimiento patrimonial de jefes policiales, contadores, abogados, grandes empresarios y narcos; la cantidad de pibas y pibes asesinados en los últimos diez años como consecuencia de los“ajustes de cuentas” entre bandas siempre relacionadas con La Santafesina SA. Ese costo enorme de sangre joven es proporcional al silencio cómplice e hipócrita de los tres poderes del estado. Nacional y provincial.
La lucha contra el narcotráfico es la lucha contra el sistema capitalista. Esta definición es un concepto que quizás pocos compartan pero, entonces, será necesario entender otro: la inseguridad es hija directa de la corrupción policial. Es hora que las fuerzas populares se pongan de acuerdo, de mínima, en esta sugerencia. Solamente habrá futuro para nuestras hijas y nuestros hijos si hay combate contra la corrupción policial. Esa otra forma de la economía real de la cual el caso del comisario Hugo Tognoli apenas es una expresión individual.
La otra cuenta del caso Tognoli.
- Basta de excusas. Esta no es la policía que heredaron…-dijo el diputado nacional Agustín Rossi, una de las principales espadas políticas del kirchnerismo, al referirse al escándalo y posterior crisis institucional que provocó en Santa Fe, la segunda provincia del país, la renuncia de Hugo Tognoli a su cargo de jefe policial porque se lo investiga por vínculos con el narcotráfico y la trata de personas.
Por su parte, el actual ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo que “si la policía sigue funcionando bajo el sistema de cajas no tiene futuro” y ante la Legislatura confirmó que tanto Tognoli como el actual titular de La Santafesina SA, Cristian Sola, están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito.
A fines de noviembre, socialistas, radicales y peronistas de varios pelajes escenificaron una nueva hipocresía: convocaron a una reunión a los diputados nacionales y el kirchnerismo se fue porque, según dijo, no iba a estar presente la prensa.
Los chicos quieren ser narcos.
-En las escuelas las chicas de doce o trece años ya no sueñan con ser botineras. Ahora quieren ser narqueras…-cuenta la maestra Mabel Ríos como ejemplo existencial concreto de lo que sucede en el barrio con la naturalización del narcotráfico como herramienta económica pero también como identidad individual y colectiva.
Y agrega: “Un chico dibuja una imagen del barrio. En un costado, un chico triste con una pelota. Está solo. Del otro lado, un grupito de pibes contentos, con una gran sonrisa, disparan al cielo. Son los que venden merca”, describe Mabel.
Esa es la realidad que hoy parece ser olvidada por los funcionarios nacionales y provinciales, la cotidiana presencia del narcotráfico consumiéndose la vida de las pibas y los pibes en las principales ciudades de la provincia.
Por un lado, millones y millones de dólares que van a parar a pocas manos; por el otro, centenares de chicas y chicos que hoy ya no están, sangre joven derramada y hoy silenciada detrás de los números oficiales que multiplican las muertes detrás de la escasa y cómplice frase de “ajustes de cuentas”.
Es clara la responsabilidad del gobierno socialista en la selección de sus jefes, como también es notoria la construcción de los nichos corruptos dentro de La Santafesina SA del justicialismo a lo largo de sus veinticuatro años de gobierno. La serpiente apareció con la administración Bonfatti pero el huevo de la serpiente se fue alimentando y desarrollando con los restos del partido fundado por el viejo General.
Las últimas cifras oficiales dicen que hasta mediados de octubre se llevan secuestrados más de 440 kilogramos de cocaína, dos mil veces más que en 1988. Un fenomenal negocio económico que entraña no solamente la participación de narcopolicías y funcionarios del poder ejecutivo, sino también de miradas intencionalmente ciegas de parte del poder legislativo, del judicial y también del ejecutivo nacional.
Mientras tanto, en los barrios los pibes olvidan la pelota, se divierten disparando al cielo y las chicas quieren enganchar a un narco como sinónimo de progreso personal y social. La suerte individual de Tognoli no explicará la triste historia de resignaciones de los partidos mayoritarios, no solamente en Santa Fe, sino en toda la Argentina.
Federales.
En su momento critiqué que Hugo Tognoli quedara al frente de la policía santafesina. En cierta ocasión vino a verme y me dijo que necesitaba recaudar para los jefes de Santa Fe. Hay desidia, complicidad y falta de voluntad política de investigar el narcotráfico en la provincia – afirmó la conocida jueza federal, Laura Inés Cosidoy, la misma que fue ascendida cuando a principios de los años noventa había demostrado que los cheques de un narco iban a parar a las arcas de la campaña del menemismo provincial.
Los mismos años en que llegaban los asesores de la fuerza oficial norteamericana dedicada al supuesto combate contra el narcotráfico, los especialistas de la DEA, para impartir sus enseñanzas a la muchachada de La Santafesina SA. Cuando gobernaba Carlos Reutemann y su subsecretario de seguridad era un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, Enrique Alvarez.
Tiempos en que la geografía cotidiana de los santafesinos cambió dramáticamente: el ferrocarril, las grandes industrias, el perfil obrero y los puertos sobre el Paraná fueron inmolados en el altar de las privatizaciones y miles de desocupados eran devorados por el dios de la convertibilidad y el ingreso al primer mundo. Comenzó, en forma paralela, el exilio de las chicas y los chicos de las escuelas secundarias y, en los barrios de las grandes ciudades santafesinas, surgió la economía informal del narcotráfico.
El poder judicial empezaba a recoger testimonios de la relación cada vez más repetida entre narcos y policías.
El 5 de diciembre de 1996, los jueces federales Laura Inés Cosidoy, Santiago Harte y Otmar Paulucci, determinaron que un testigo e imputado por tenencia de drogas fue apremiado por la policía y que, además, la supuesta cocaína incautada en su negocio fue implantada por los agentes del orden.
Era una causa del 8 de octubre de 1984, el mismo día que se robaron los expedientes que revelaban las identidades de los represores del Segundo Cuerpo de Ejército y los aportes de las grandes empresas a favor de la desaparición de personas.
Entre aquellos policías denunciados legalmente estaban los conocidos hermanos Romero, los que después aparecerían en varios hechos señalados en las crónicas periodísticas como presuntos distribuidores de drogas.
La geografía santafesina ya comenzaba a ser otra.
Y en los tribunales provinciales comenzaba a probarse y constatarse la participación policial en los hechos de narcotráficos.
A nivel internacional, Estados Unidos había decidido la lucha final contra los carteles de Cali y Medellín. Corría el año 1987. Se abrían nuevas rutas para la exportación de droga de América hacia Europa. La mejor ruta resultó ser aquella donde se producía uno de los principales insumos para convertir la hoja de coca en cocaína, el éter. El segundo productor de éter a nivel mundial es la Argentina.
-El negocio de la droga es como un puñado de lombrices. Salen de todos lados…-confesó un ex oficial de Drogas Peligrosas de La Santafesina SA a este cronista, a fines de los años noventa en la ciudad de Santa Fe.
Por aquellos días, en pleno menemismo rubicundo, el entonces comisario de la policía federal, Oscar Alvarez, le decía a este cronista que ya se habían verificado dos exportaciones de droga hacia Europa en 1998.
-Se secuestra y se investiga solamente el 7 por ciento de los hechos – decía el comisario. Pero lo más fuerte que dijo en aquel diálogo fue que “por los puertos privados del departamento San Lorenzo entra cualquier tipo de cosa que llegan y pasan sin control alguno”, refiriéndose, obviamente, a distintas drogas.
Aquella nota salió publicada en el diario “El Ciudadano” y generó que el entonces Ministro del Interior, Carlos Corach, lo retara en un primer momento y después, lo trasladara. El narcotráfico ya tenía una entidad propia en la provincia con forma de bota y nombre religioso.
Sandra Cabrera.
En octubre de 2003, en Rosario, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Sandra Cabrera, denunció por extorsionadores a los integrantes de la entonces brigada de Moralidad Pública. Sus principales oficiales pasaron a disponibilidad. El 27 de enero de 2004, Sandra fue asesinada de un balazo en la nuca en la zona de la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno”. El principal imputado fue un policía federal, Diego Parvluckzyk, sin embargo no pudieron probar su autoría.
Lo que si quedó demostrado en el expediente tramitado en los tribunales provinciales rosarinos fue que “la línea investigativa respecto de la vinculación de Cabrera con Drogas Peligrosas de la Policía Federal, estableciéndose con certeza casi irrefutable que la occisa actuaba como "informante" de la sección, como así también su padre, que no sólo consumía sino que vendía sustancias estupefacientes (marihuana y cocaína) y que algunos "remanentes" de los procedimientos policiales realizados, le eran entregados, dentro de un contexto en donde aparecen involucrados el imputado y otros miembros de la policía federal…” Y las trabajadoras sexuales terminaban siendo vendedoras “de las drogas que le eran suministradas por el propio imputado, estableciéndose así, y al margen de algún acercamiento afectivo, una relación comercial de tipo ilegal, en la que se mueven importantes sumas de dinero, por lo que, en relación al posible móvil del asesinato, estima que sería harto probable que pudiera haber existido algún problema que degenerara en el resultado que motiva la causa, teniéndose en cuenta que se menciona la existencia de un entredicho entre ambos”, apuntaba el escrito del fiscal de entonces.
Para los integrantes de la Cámara, “la actividad de Sandra Cabrera se desplegaba en la prostitución callejera, caracterizada por sus pares como dotada de una fuerte personalidad que no desmienten las numerosas denuncias que la tienen como protagonista, entre las que se encuentran las que habrían generado conflictos con la policía provincial, al punto de motivar el alejamiento de funcionarios…La instrucción ha permitido verificar, asimismo, la existencia de denuncias de amenazas contra su vida y de testimonios que mencionan tal tipo de amenazas provenientes desde el padre de su hija hasta de otras personas en diversos contextos públicos o privados que la habrían tenido como protagonista, patentizándose su situación al punto de requerir custodia policial en su domicilio a raíz de las amenazas sufridas y dentro del contexto del conflicto con personal de la policía provincial perteneciente a Moralidad Pública...”.
Agregaban los funcionarios del poder judicial que “...la lectura de la causa permite concluir, por la existencia de una relación que involucra a Sandra Cabrera, a compañeras del ejercicio de la prostitución, a Parvluckzyk y a otros empleados de la policía federal, en un contexto en el que existe trato, relaciones íntimas de algunos con cierta permanencia, pertenencia, protección y en cuestiones vinculadas con la droga -tráfico, consumo, delación dentro de una actividad en la que no suele ser extraña una labor de inteligencia a través de informantes en el medio-“.
Es decir que en el expediente de Sandra Cabrera la justicia provincial rosarina ya señalaba que la droga que se vendía en los alrededores de la Terminal de Ómnibus era manejada y suministrada por nichos corruptos de La Santafesina SA y la Federal.
El triple crimen.
“Las barriadas populares seguimos poniendo los muertos. La narcopolicía sigue poniendo las balas. Los movimientos sociales peleamos en soledad. ¿Y el gobierno? Parálisis + inacción = Complicidad”, decía una elocuente bandera del Frente Popular Darío Santillán al recordar un nuevo mes del triple crimen de Villa Moreno, producido en las primeras horas de 2012. Jeremías “Jere” Jonatahn Trasante, tenía 17 años; Claudio “Mono” Damián Suárez, 19 años; y Adrián “Patón”Leonel Rodríguez, 21 años; fueron “masacrados a balazos” en la canchita del Deportivo Moreno, el primero de enero de 2012. El triple crimen de Villa Moreno, en el sudoeste rosarino.
“Tenían familiares, amigos, sueños, entusiasmo, proyectos. Militaban en el Frente Popular Darío Santillán. Querían cambiar un mundo que, todos los días, les cierra la puerta a tantos jóvenes como ellos. Le habían ganado una partida al abandono cuando limpiaron el basural y recuperaron la canchita del barrio… todas las semanas mueren pibes en los barrios asesinados por bandas delictivas en acuerdo con fuerzas policiales mientras el poder político mira para otro lado”, dice un excelente volante distribuido por los militantes del Frente que tenía como título una necesidad existencial: “Basta de matar pibes en los barrios”.
A casi un año de la masacre, el principal imputado, Sergio “El Quemado” Rodríguez, es el único que supera los 25 años. Los otros involucrados, Brian “Pescadito” Sprio, 23 años; Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, 21 años y Brian Damián “Damiancito” Romero, 20 años. La edad de los tres chicos asesinados y de los tres imputados grita varias referencias: menores de veinticinco años, ninguno de ellos había completado la escuela secundaria y la mayoría se ganaba la vida empatándole al fin de mes haciendo changas.
Las formas de matar son consecuencias de las formas de vivir. De las condiciones materiales y culturales en las que se desarrolla la existencia en determinados lugares.
Las cifras oficiales dicen que en el aglomerado del Gran Rosario, el 40 por ciento de la pebetada está en esta situación de vulnerabilidad, es decir 56 mil nenas o nenes menores de diez años. El mismo informe termina diciendo que “si se contrasta el 20 por ciento de los hogares con menos y con más ingresos se observa una gran diferencia, donde en el primer caso en promedio ocho de cada diez persona no tienen secundario completo mientras que en el segundo caso solo dos de cada de diez.”.
Estas cifras, sin embargo, no son hijas del presente. Son números que denuncian una histórica deformación de la geografía existencial en los barrios rosarinos.
Porque las denominadas “bandas armadas” nacieron, crecieron y se ampliaron al mismo tiempo que nadie se preocupaba por los otros saqueos que sufrían las chicas y los chicos: la ausencia de cumpleaños, de relatos infantiles, la desarticulación de la escuela secundaria, la escasez de fuentes laborales y la inexistencia de lugares para la práctica del deporte y otras actividades.
Pero el problema, una vez más, aparece en los tribunales provinciales.
“… Que la escasez de los testigos presenciales se explica por las características del hecho (sólo uno de los que fueran agredidos sobrevivió); sólo uno lo ha identificado –más allá de las dificultades que ha habido para ese indicamiento-, sin embargo, tal observación fisonómica –necesariamente limitada y siempre pasible de una confusión especialmente por las circunstancias- no puede valorarse sino es con el conjunto de pruebas –que surgen en las distintas causas- que demuestran una sucesión de vinculaciones entre distintas personas, enfrentadas violentamente a lo largo del tiempo en un reducido espacio urbano, cuyo origen indica el testigo Palavecino: "…es porque el negro Eze le mejicaneaba, es decir les roba los kioskos de los traficantes, de ahí la bronca, estoy seguro que viene de ahí". El hecho de este triple homicidio, ha de inscribirse como un efecto colateral de esos enfrentamientos, sumariamente descriptos como "ajustes de cuentas", pero que reflejan una pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano, y que en el caso concreto afectó a personas –que todos los testigos lo afirman- estaban desvinculados de los grupos en pugna, que murieron por estar en el lugar y momento equivocados…”, dice el escrito del juez Luis María Caterina del 31 de enero de 2012 al resolver el procesamiento de Sergio Gustavo Rodríguez.
El relato judicial, entonces, tiene sus principales ideas fuerzas: grupos de traficantes que se enfrentan entre si(“ajustes de cuentas”), “pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano” y ninguna responsabilidad policial ni siquiera en el aporte de las fotografías a los medios de comunicación que surgieron, justamente, de la Unidad Regional II de policía de la provincia de Santa Fe.
La matriz del sistema judicial santafesino ya definió el corralito ideológico del triple crimen: ajuste de cuentas entre traficantes de drogas sin que haya ninguna necesidad de explicar por qué surgieron ni quiénes los ayudaron a constituirse como “bandas armadas”, como las definió el propio Doctor Caterina en la entrevista concedida a la Comisión Investigadora Independiente.
En uno de los escritos de la brigada de unidades especiales se hace mención al conocimiento de un mercado ilegal de armas que tiene parte de la policía provincial y al cual se puede recurrir para obtener datos sobre las utilizadas en los hechos. De tal forma, queda claro que las “bandas armadas” no pueden crecer ni en Villa Moreno ni en ningún barrio de Rosario ni de la provincia sin la plena colaboración de integrantes de fuerzas de seguridad en actividad, como tampoco pueden crecer sin el auspicio de promotores o inversores económicos que no viven allí.
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